“El esperpento catalán”, por Antonio Martín Domínguez

(Manifestación a favor de la independencia de Cataluña.)

Queridos lectores, nuestro compañero Antonio Martín, que en otras ocasiones nos ha asombrado con sus exigentes rutas de montaña y sus espectaculares fotos de ominosos paisajes, nos regala esta vez un interesantísimo artículo de opinión sobre el tan de moda “asunto catalán”. En su exposición, Antonio nos desglosa las claves de una situación -“problema”, dirán algunos-, que ha derivado actualmente en un auténtico esperpento que tiene como actores principales a los dirigentes de muchos de los partidos políticos con representación parlamentaria en aquella comunidad autónoma.

Lo verdad es que, a mí, todo este asunto de los catalanes ya me aburre: todos los días dándole que te pego al tema en la radio, en la televisión, en la prensa, en la sopa… Curiosamente, me pasa como con la Guerra Civil: que me interesaba (y me interesa desde un punto de vista histórico), pero ya estoy bastante harto de escuchar siempre las mismas diatribas de muchos rojillos de baja estofa.

Si traigo al blog este artículo, lo hago por varias razones: primero, porque comparto lo que sostiene; segundo, porque puede ser de interés para aquellos que estudian el fenómeno nacionalista; tercero, porque es claro y está muy bien escrito.

A su autor, sólo puedo agradecerle, una vez más, esta colaboración.

En fin, señoras y caballeros, les dejo con Antonio Martín y con su  estupendo análisis de “El esperpento catalán”.

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(Independentistas catalanes quemando la bandera española.)

Después de martirizarme cada día ocupando los medios de comunicación, el llamado “problema catalán” ha conseguido dos cosas que hace poco parecían imposibles: que me siente a escribir y que me hayan entrado ganas de ponerme a su altura y gritar: ¡Salud y viva la monarquía española!

El “problema catalán” muestra de manera descarnada las disparatadas alianzas que produce la fusión entre lucha de poder, ideología nacionalista y sueños revolucionarios.

Si reparamos en la CUP, resulta esperpéntico ver a supuestos defensores del anarquismo colaborando en la construcción de un Estado-nación. Si son anarquistas coherentes, ¿se van a dedicar a subvertir la República catalana después de ayudar a la burguesía de CDC/Esquerra a construirla? Como su admirado Durruti, ¿formarán columnas republicanas para liberar acto seguido Aragón? ¿Creen en serio que podrán autodestruirla y convertirla en una federación de comunas autogestionarias? ¿Acaso creen que la “desconexión” del Estado español vendrá seguida de la desconexión de las instituciones supra-estatales europeas y de los poderes económicos a los que sirven? Su postura de “primero desconectamos los anarcos o anticapitalistas catalanes y después desconectáis los demás”, recuerda demasiado las retorcidas explicaciones de los supuestos marxistas vascos para justificar la violencia etarra en Euskadi [i]. Aquellos oprimidos abertzales de entonces decían a otros oprimidos de España que “ellos les estaban enseñando el camino”. Lo que pasó entonces ya lo sabemos: que la razón marxista se disolvió en el mito nacionalista y ETA militar siguió matando sin necesidad de razonamientos supuestamente científicos. Años atrás, los cientos de miles de anarquistas del 36 creyeron que podían alcanzar el todo de golpe: destruir la II República española al mismo tiempo que la Dictadura fascista. Aunque les reconozcamos mesiánicas intenciones, a lo que contribuyeron ya lo sabemos por 40 años de dictatorial experiencia. En la España de hoy no hay guerra civil en el horizonte, pero si se formara la República catalana lo más probable es que sus beneficiarios fueran las grandes familias burguesas que prosperaron al abrigo de la Dictadura, llámense Pujol o  Sumarroca. Como tanto repiten Mas y Junqueras, la joven República se mantendría perfectamente conectada a las redes europeas y mundiales de poder para impedir cualquier forma de rebelión social. Tras su proclamación, a la CUP le darían las gracias por el servicio prestado: contribuir a que los capitalistas corruptos de Cataluña escapen de la “caza mayor” convirtiendo en Estado, y por lo tanto, en paraíso político, lo que hasta ahora ha sido su paraíso fiscal.

(Jordi Pujol, Artur Mas y sus respectivas señoras.)

Si reparamos en Convergencia y Esquerra, es esperpéntico ver a los representantes y beneficiarios del capitalismo de amiguetes quitándose la corbata y arrugándose la camisa para mimetizarse con radicales anticapitalistas y sostenerse en el poder jugando juntos a la rebeldía contra el Estado. Si consiguieran su objetivo, quizá culminasen la metamorfosis poniéndose un pendiente en la oreja en la ceremonia de proclamación. Pero si realmente se trata, como le gusta jactarse al astuto Mas, de un ardid estratégico, ¿acaso creen que la rebelión contra un Estado es ciertamente una “partida democrática” que se culmina celebrando con los adversarios la firma de un nuevo chanchullo financiero en una bodega de El Penedés? La postura de Carmen Forcadell, que sin duda se cree la nueva Macià que recibirá homenajes florales en la futura república catalana, recuerda demasiado a la de su mentor. El señor Macià, como luego el señor Companys, también pensaron que Cataluña estaba primero y debía “mostrar el camino republicano a los demás”. Por eso no dudaron en hacer la guerra por su cuenta en el 31 y en el 34 sin hacer ascos a ninguna forma de extraño aliado: Macià sondeando a Stalin y Companys auxiliado por los paramilitares de su consejero Dencás (los escamots, de ideología y funcionamiento netamente fascista). A lo que contribuyó el “todo sea por Cataluña” ya lo sabemos por cuarenta años de Dictadura. En la España “desmilitarizada” de hoy, a lo que pretenden contribuir resulta demasiado evidente: poner a buen recaudo su riqueza mientras los miserables del resto de España se aprietan el cinturón de la austeridad. O sea, la aplicación burguesa catalana del “sálvese primero quien pueda”.

(Francesc Macià.)

Este proyecto rupturista compartido por partidos burgueses y antisistema se fundamenta en un principio investido de sacralidad democrática: el derecho a decidir. Para regocijo de los rupturistas, la condición sagrada del principio es aceptada por los partidos y votantes de izquierda de ámbito estatal, como IU, Podemos y parte del PSOE, que de este modo dan plena legitimidad a sus aspiraciones. Por lo general, la aceptación se hace sin ninguna clase de matices, como si para una persona de izquierda, el verbo “decidir” tuviera por sí solo, al margen de toda forma de sujeto o complemento, la capacidad mágica de hacer demócrata a quien lo invoca. Al buen progresista no le inquieta que la aplicación sagrada de ese principio pueda servir a Rato o a Pujol para invocar su derecho a decidir de dónde sacan y a dónde llevan su dinero.

No obstante, como la realidad impone los matices, sabemos que los rupturistas no reclaman el derecho a decidir sobre el destino de los fondos de rescate, el recorte del dinero público, las ayudas a los bancos, la financiación de la seguridad social, la intervención militar en conflictos bélicos, el régimen fiscal, la financiación pública de la Iglesia, la religión en la escuela, etc.; derechos que podríamos compartir todos los españoles y éstos con otros europeos. ¡No! Se trata del derecho a alterar un Estado en el que ejercen otros muchos derechos 47 millones de personas para segregar una parte correspondiente a 1/7 de la población. Es decir, del “derecho de autodeterminación política”, que en este caso implica el “derecho a crear un nuevo Estado dentro de otro”.

(Lluis Companys.)

Pero, en este caso, ¿quién es el sujeto de la decisión? Los rupturistas responden que “el pueblo catalán”.  Con ello (aunque la CUP lo disimule) se refieren a una comunidad cultural y lingüística que ya dispuso en tiempos pretéritos de instituciones propias y se autorreconoce como “nación”. Pero, en tal caso, tendrían que ejercer el derecho quienes se sienten parte de dicho pueblo o nación y ligados directamente a ese pasado. Es decir, los que se sienten parte del pueblo catalán viviendo en el Rosellón, en Mallorca o en Bastia. Sin embargo, como la reconstrucción política de la comunidad cultural “histórica” resulta imposible, los rupturistas utilizan entonces la circunscripción correspondiente del Estado español, que incluye a individuos que no se sienten parte de esa comunidad. Y como tal, ni reclaman el derecho a la autodeterminación ni desean ejercerlo. De este modo, la parte que se dice “pueblo o nación catalana” y vive en el Estado español, obliga a otra parte del Estado español que vive en Cataluña, pero no se siente parte de dicho pueblo o nación, a votar sobre algo que no desea.

Para salvar este escollo, la convocatoria de un referéndum o un plebiscito de autodeterminación se presenta a quienes lo rechazan (los ciudadanos “españoles” de Cataluña) como una oportunidad para llevar su capacidad de decisión a un territorio hasta ahora vedado. Este es el planteamiento preferido de Esquerra y sobre todo la CUP para enmascarar el trasfondo nacionalista de su posición. Como tanto repite Junqueras, las elecciones que interesan a los rupturistas para avanzar hacia la autodeterminación, se presentan a los refractarios como un avance en el ejercicio de la democracia. ¿Cómo puede un demócrata, y máxime si es “progresista”, rechazar semejante oportunidad para elevar su capacidad de “decidir”? Pero los hechos que vemos cada día son tozudos y el “subconsciente” traiciona a los líderes. La verdad subyacente la dejó clara Carmen Forcadell cuando se refirió a los votantes del PP y Ciudadanos como esos “adversarios” que “no forman parte del pueblo de Cataluña”. Esas palabras ponen de manifiesto cuál es la verdadera lógica del proceso rupturista: a todos se les invita a votar, pero el voto de unos no cuenta lo mismo que el de los otros. Es decir, lo que deciden los miembros del pueblo catalán no vale lo mismo que lo que deciden los miembros del pueblo español, pues sólo a los primeros se les reconoce autenticidad. Las consecuencias políticas que los nacionalistas han ido sacando de la sucesión de manifestaciones, procesos participativos y supuestos plebiscitos muestran de forma inequívoca esta lógica de actuación: nos da igual lo que los adversarios hagáis o votéis; me paso por la piedra a quién deberían representar el ejecutivo y el legislativo catalán, nosotros hemos decidido que el único proceso legítimo es el que lleva a la independencia y lo refrendamos al grito de ¡Visca la República Catalana!

(Independentistas catalanes en plena celebración.)

Como bien saben los nacionalistas por el peso de la historia, los Estados nación no se construyen mediante recuento de votos del mismo valor, sino por la fuerza. Pero puesto que no tienen el coraje ni son tiempos para tomar las armas de fuego, utilizan las otras armas que tienen a su alcance y de las que les ha dotado el propio Estado español; es decir, todo el aparato de armas mediáticas, educativas y jurídicas que permiten forzar la voluntad de los vulnerables o doblegar la voluntad de los adversarios.

En suma, lo que vemos en Cataluña es otro episodio más de la contradicción inherente entre el nacionalismo y la democracia. El nacionalismo y el utopismo revolucionario son formas de religión política que apuntan a un fin necesario. Para el nacionalista, la afirmación de una nación es una necesidad metafísica, pues ninguna nación podría renunciar a su afirmación final como Estado. Y lo mismo puede decirse para el revolucionario de clase. Por el contrario, la democracia no apunta a ningún final de la historia, es un conjunto de procedimientos para encauzar pacíficamente los conflictos en un Estado de derecho. Por lo tanto, la única forma de conjugar la democracia con el nacionalismo o el utopismo, es  convirtiendo los procedimientos democráticos en un ardid estratégico que debe acomodarse a un final escrito de antemano. Esto es, justamente, lo que están haciendo los rupturistas.

En definitiva, los nacionalistas se sirven de los instrumentos del Estado español para segregar una parte de su territorio y convertirlo en su propio Estado nación. Con ello, toman a los ciudadanos del Estado español en Cataluña como rehenes y, votando en referéndum, les obligan a ser agentes de la segregación (algo así como colaboracionistas democráticos). Al mismo tiempo, excluyen al resto de los españoles de su “derecho a decidir” sobre un territorio que les incumbe. Para semejante operación, los nacionalistas sacan a colación la historia de confrontación entre España y Cataluña, que puede darse por cierta si se refiere a los episodios de confrontación violenta entre determinadas instituciones y élites de una parte y de otra [ii]. Pero obvian que, frente a esa certidumbre, existe otra de relevancia mayor, que es la historia de colaboración ininterrumpida entre los diversos entes hispánicos o ibéricos desde al menos el siglo XII [iii]. Esa larguísima historia es la que ha permitido tejer una red inconmensurable de lazos entre los diversos “pueblos” integrados en el Estado español. Más aún, la propia existencia de comunidades culturales tan singulares como la catalana y la vasca, y su fuerte proyección política, no habrían sido posibles si no hubieran sido parte del Estado español. Para corroborarlo, solo hace falta apreciar lo que ha sido de la parte correspondiente de esas comunidades dentro del Estado francés. En este sentido, la conversión de Cataluña y Euskadi en Estados sería un golpe irreparable a su propia convivencia, que ha sido posible dentro de España y, en buena parte, gracias a la debilidad histórica del Estado español. Desgraciadamente, lejos de congratularse por ello, siguen empeñados en aprovechar cualquier nuevo signo de debilidad (en estos tiempos la crisis económica) para desvincularse del compromiso colectivo con sus camaradas de historia.

(Oriol Junqueras.)

En definitiva, lo que están haciendo Convergencia, Esquerra y la CUP es una prueba de su manifiesta insolidaridad con el resto de los españoles. En el plazo inmediato, su empecinamiento habrá conseguido que, en las próximas elecciones, el conflicto territorial provocado por su desafección, se ponga en primer plano frente al conflicto social provocado por la crisis. En un marco espacio temporal más amplio, la posición de estos partidos es lo que hace inviable forjar formas supraestatales de lucha social frente a los grandes poderes económicos.

Por buscar un símil sencillo, lo que pretenden los nacionalistas catalanes sería lo mismo que hiciese yo si, justificándome en algunas discusiones del pasado, le presentase a mi mujer una declaración de independencia sin contar con su opinión, incluyese en ella lo que me llevo de nuestro patrimonio compartido y anunciase al final mi intención de venir a comer a casa cuando se me antoje y a mesa puesta. En el caso catalán, se trataría, sin duda, de jugar la Liga contra el Madrid.

Santander, 2-11-2015.

(Viñeta alusiva a cómo se limpian los trapos sucios en Cataluña.)

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[i] Beltza, Emilio López Adán: El nacionalismo vasco de 1876 a 1936 y El nacionalismo vasco en el exilio. Txalaparta.

[ii] La sublevación de 1640-1652 o la Guerra de Sucesión entre 1701 y 1715.

[iii] Aunque es absurdo buscar un origen preciso al proceso de interconexión entre los entes políticos hispánicos, podemos recordar que con Ramón Berenguer IV, en 1137, ya se produjo una integración efectiva entre Aragón y Barcelona. No obstante, será a partir de la doble revolución industrial y liberal de principios del siglo XIX cuando el proceso de fusión se haga especialmente intenso y afecte a todas las capas sociales. Desde entonces hasta hoy, catalanes y demás españoles no hemos hecho otra cosa que compartir historia. De tal modo que, si fuese ciertamente posible –como pretenden los nacionalistas- pesar la historia, podría retarse a los segregacionistas a comparar el peso de los Claris o Prat de la Riba con el peso de los Prim, Pi i Margall, García Oliver o Josep Pla.

(Independentistas catalanes de “nueva generación”.)

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